Concretamente, Cultura viene denegando desde 2002 una "autorización para la investigación, protección y difusión del patrimonio arqueológico sumergido en las aguas de Huelva, Sevilla y Cádiz", argumentando que "no se ajusta a lo que se entiende por un proyecto general de investigación arqueológica, sino a un proyecto en el que priman más los planteamientos con fines mercantiles que los propiamente científicos", según consta en una resolución de 2004, a la que tuvo acceso Europa Press, con la que la Dirección General de Bienes Culturales rechazaba el proyecto.