Los
diez principales
Gescartera y la 'Iglesia', artículo de Javier
Tusell
El Arzobispado de Valladolid, de
cliente a colaborador de Gescartera
En la lista de
clientes de Gescartera destacan las organizaciones religiosas. En
total, suman más de treinta inversores entre arzobispados,
obispados, diócesis, órdenes religiosas, congregaciones,
parroquias y fundaciones de inspiración religiosa, con un
desembolso de al menos 2.500 millones de pesetas. En la lista de
inversores intervenida a la agencia de Antonio Camacho figuran
algunas instituciones religiosas entre sus mayores clientes, como
las Agustinas Misioneras de la Provincia de San Agustín, la
Fundación Caldeiro y el Instituto Español de Misiones
Extranjeras.
No todos han corrido la misma suerte en su aventura bursátil. La
mayoría de las monjas y los curas, así como las diócesis de
Astorga (León), Cuenca y Palencia, y las ONG Manos Unidas y
Fundación Banco de Alimentos -cuya presidenta de honor es Ana
Botella- han perdido al menos 700 millones de pesetas. El
Arzobispado de Valladolid, sin embargo, logró salvar a tiempo
990 millones de un total de 1.020. Un movimiento que la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) destaca en el informe que
remitió al ministro de Economía, Rodrigo Rato, como ejemplo del
caos contable de Gescartera. Javier Valenzuela Seoane, ex
delegado de Gescartera en Valladolid, en declaraciones a EL
PAÍS, reveló que fue él quien indicó al Arzobispado que
retirase su dinero, cuando Antonio Camacho le pidió que mintiera
a la CNMV, cuyos inspectores no hicieron nada tras detectar las
primeras irregularidades. Javier Valenzuela fue contratado por
Antonio Camacho como delegado de Gescartera tras producirse la
sentencia del caso de la minería, que le inhabilitó para
continuar en el cargo de director de Economía de la Junta de
Castilla y León.
LOS PRINCIPALES INVERSORES
INSTITUCIÓN |
INVERSIÓN (en millones de pesetas) |
| 1. Agustinas Misioneras Provincia de S. Agustín | 465,7 |
| 2. Fundación Caldeiro | 248,3 |
| 3. Instituto Español de Misiones Extranjeras | 157,1 |
| 4. Salesianos Inspectora de María Auxiliadora | 107,4 |
| 5. Orden de San Agustín Provincia de España | 102,2 |
| 6. Filipenses Misioneras de Enseñanza | 97,3 |
| 7. Religiosas Filipenses | 68,7 |
| 8. Manos Unidas | 53,2 |
| 9. Obispado de Astorga | 51,8 |
| 10. RR Madres Dominicas | 48,5 |
El
Arzobispado de Valladolid, de cliente a colaborador de Gescartera
Cuando el 'caso Gescartera' saltó a los medios de comunicación,
el Arzobispado de Valladolid aparecía como el titular de una
inversión en la agencia de Antonio Camacho que llamaba la
atención por su cuantía, superior a los mil millones de
pesetas. Más tarde, la Cadena SER desveló que el Arzobispado
había sido avisado a tiempo de los peligros que se cernían
sobre Gescartera, lo que le permitió recuperar su dinero antes
de la intervención. Una información privilegiada de la que no
dispusieron otros inversores. Sin embargo, la comparecencia ante
la comisión de investigación del Congreso de David Vives, ex
director de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), desveló un papel mucho más relevante del
ecónomo del Arzobispado en la estafa de Gescartera.
En marzo de 1999, Vives y su equipo decidieron centrar su
investigación en el Arzobispado de Valladolid, que, con más de
1.000 millones de pesetas, parecía uno de los clientes más
importantes de Gescartera. Pero las conversaciones con el
ecónomo del Arzobispado, ''diálogo de besugos', según precisó
Vives, no contribuyeron a aclarar cuál era el verdadero saldo de
este cliente. El ecónomo del Arzobispado, Enrique Peralta,
prestó su conformidad a dos saldos distintos (30 millones de
pesetas y más de 1.000 millones) en apenas unos días en un
intento de que la CNMV no conociese cuál era su verdadera
posición. Según el testimonio de David Vives, "el
Arzobispado de Valladolid colaboraba con Gescartera en intentar
engañar a la comisión". El ecónomo del Arzobispado
prestó su conformidad a saldos suyos distintos, que Antonio
Camacho, el dueño de Gescartera, le presentó sucesivamente y
que eran contradictorios. Así lo corroboran también tres
documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.
En cualquier caso, y vistos los problemas destapados por la
inspección, el Arzobispado cobró, el 30 de marzo de 1999, un
cheque por valor de 1.105 millones de pesetas. Vives sostiene que
parte de ese dinero pertenecía a otros clientes y sugirió que
es posible que correspondiese a 750 millones que aportó la
Mutualidad de la Policía dos días después. 'Habría que
investigar exactamente el valor dado en los bancos, el uso que se
hizo del talón, el grado de tolerancia de la entidad frente a un
descubierto' para saber si el Arzobispado se embolsó 750
millones de pesetas de la Mutualidad de la Policía, que con
1.500 millones de pesetas perdidos en Gescartera es el mayor
estafado en el escándalo.
'
Habría que investigarlo con más cuidado, habría que verlo',
siguió Vives. "Pero lo que sí nos quedó claro es que el
dinero que se le devolvió al Arzobispado no era del Arzobispado,
porque salió de una cuenta en la cual el Arzobispado no tenía
esa participación; eso sí quedó claro".
Con el Concordato hemos topado
Una investigación judicial que el Arzobispado de Valladolid ha
tratado de impedir con el Concordato en la mano. La jueza Teresa
Palacios reclamó a la archidiócesis de Valladolid su
contabilidad correspondiente al año 2001, con el fin de
comprobar el reflejo de su inversión en Gescartera en las
cuentas de dicho año. En una primera respuesta, el Arzobispado
presentó un recurso de reforma contra la petición de esta
documentación, en el que veladamente se amenazaba con acogerse a
los Acuerdos sobre Asuntos Jurídicos entre España y la Santa
Sede de 1979, que declaran 'inviolables' los archivos
eclesiásticos. El portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan
José Asenjo, recordó que el artículo primero de dichos
Acuerdos Iglesia-Estado, reconoce y tutela el derecho de la
Iglesia española a la custodia exclusiva de sus archivos y que
estos archivos son inviolables. "Si alguna institución se
niega a entregar parte de esos archivos, está en su
derecho", concluyó Asenjo. Sin embargo, y ante la fuerte
polémica desatada por la interpretación dada por los
eclesiásticos a los Acuerdos Iglesia-Estado, el Arzobispado de
Valladolid se apresuró a dar marcha atrás, asegurando que está
firmemente decidido a entregar a la jueza Palacios todos los
documentos que le reclame y sostiene que sólo recordaron el
Concordato para que la jueza viera su voluntad de colaborar, ya
que nunca han tenido la intención de acogerse a él.