La intervención de la agencia de valores
Gescartera el 14 de junio de 2001 destapó una estafa de
grandes dimensiones, con derivaciones políticas y judiciales.
Las primeras provocaron las dimisiones de Enrique Giménez-Reyna
como secretario de Estado de Hacienda, y de Pilar Valiente como
presidenta de la CNMV, además de la constitución
de una comisión parlamentaria de investigación.
En el plano judicial, la juez de la Audiencia Nacional, Teresa
Palacios, ha decretado el ingreso en prisión de Antonio
Camacho, propietario de Gescartera, y de Pilar Giménez-Reyna,
presidenta de la agencia, si bien esta última quedaba en
libertad bajo fianza el 27 de febrero de 2002, tras permanecer
162 días en prisión.Gescartera ha dejado un agujero calculado en algo más de 108 millones de euros, unos 18.000 millones de pesetas.