La comisión de investigación sobre Gescartera acordó iniciar las comparecencias el 19 de septiembre con los máximos responsables de la agencia de valores Gescartera, su propietario, Antonio Camacho, y su presidenta, Pilar Giménez-Reyna. Ambos se acogieron a su derecho constitucional a no declarar para negarse a contestar a las preguntas de los diputados miembros de la comisión.

La comisión estuvo formada por 16 miembros, al acceder el PP a que IU tuviera dos representantes. El PP contó con cinco representantes, el PSOE con cuatro, CiU con dos, IU con otros dos, y PNV, Coalición Canaria y el Grupo Mixto con uno cada uno.

Por la comisión fueron desfilando la ex presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, el ex secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna , el presidente de la ONCE, José María Arroyo, así como los anteriores presidentes de la CNMV, Luis Carlos Croissier y Juan Fernández-Armesto, el ex diputado del PP y ex vicepresidente de la CNMV, Luis Ramallo, varios responsables de la inspección del órgano regulador del mercado y un largo etcétera de personajes relacionados con este caso.

La comparecencia de los ministros de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro, las más esperadas, pusieron de manifiesto el empeño del PP por proteger a ambos miembros del Gobierno. Así, los diputados populares, con el apoyo de CiU y del presidente de la Comisión, Luis Mardones de Coalición Canaria, impusieron un cambio de formato en los interrogatorios de Rato y Montoro con respecto a aquellos a los que tuvieron que someterse los anteriores comparecientes. Los dos ministros no debían contestar una a una a las preguntas de los miembros de la comisión de investigación, sino que podían contestar a todas las preguntas en bloque, lo que en la práctica hizo imposible un interrogatorio.

No obstante, Rodrigo Rato, ante la agresiva intervención del portavoz socialista, Juan Fernando López Aguilar, rompió ese formato para salir al paso de las imputaciones que sostenían sus preguntas. Rato mantuvo que las responsabilidades políticas se agotan con las dimisiones de Enrique Giménez-Reyna como secretario de Estado de Hacienda y de Pilar Valiente como presidenta de la CNMV. El ministro de Economía negó cualquier trato de favor en la concesión de un crédito por el HSBC a una de sus empresas, mientras que López Aguilar mantuvo que ese préstamo alimenta las sospechas de la conexión de Rato con Gescartera.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, que sí se atrincheró tras el formato de la respuesta en bloque a las preguntas de los diputados, mantuvo una línea similar a la de Rato en relación con las responsabilidades políticas por el 'caso Gescartera'. En cuanto a las investigaciones, su única aportación se redujo a desvelar que los 180 clientes conocidos de Gescartera deben a Hacienda 3.500 millones de pesetas.

Tras estas comparecencias, el PP decidió dar carpetazo a los trabajos de la comisión de investigación, imponiendo el inicio de la última fase: la elaboración de las conclusiones. En total, fueron 52 las comparecencias ante la comisión Gescartera que supusieron la celebración de interrogatorios durante unas 180 horas.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 15 de noviembre, con los votos a favor del PP, CiU y CC, el dictamen elaborado por la Comisión Parlamentaria sobre Gescartera, que exime de responsabilidades políticas al Gobierno. El dictamen señala que "ninguna declaración ni ningún documento implica de forma directa o indirecta" ni al vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, ni al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, al tiempo que propone diversas medidas para mejorar los controles en los mercados financieros y en los órganos de supervisión del Estado.

Los grupos del PSOE, IU, PNV y el Grupo Mixto se opusieron al dictamen y defendieron ante el Pleno sus respectivos votos particulares -finalmente rechazados-, que coinciden en exigir responsabilidades políticas a Rato y Montoro, y al gobernador del Banco de España, Jaime Caruana. La oposición pidió también la prórroga de los trabajos de la Comisión de Investigación, ya que en su opinión aún queda mucha documentación por recibir y existen líneas de trabajo que no se han podido iniciar.

La comisión de investigación número 17 de la democracia

La primera comisión de la democracia versaba sobre derechos humanos, la última, y anterior a la de Gescaretra, trató de esclarecer las responsabilidades en el fraude del lino. Estas son todas las comisiones creadas hasta el momento.

I Legislatura
- Marzo de 1982: comisiones de investigación sobre derechos humanos y RTVE.

II Legislatura
- Mayo de 1983: comisión de investigación sobre Rumasa.
- Marzo de 1984: comisión de investigación sobre las catástrofes aéreas de Barajas. - Noviembre de 1984: comisión de investigación sobre financiación de los partidos políticos.
- Enero de 1983: comisión de investigación sobre la desaparición de súbditos españoles en América.

III Legislatura
- Marzo de 1988: comisión de investigación sobre incompatibilidades y tráfico de influencias.

IV Legislatura
- Marzo de 1990: comisión de investigación sobre las irregularidades durante las elecciones generales del 29 de octubre de 1989.
- Diciembre de 1991: comisión de investigación sobre la compra de terrenos por parte de RENFE o de su filial EQUIDESA.

V Legislatura
- Noviembre de 1994: comisión de investigación sobre el caso GAL.
- Marzo de 1994: comisión de investigación sobre la gestión de los fondos presupuestarios asignados a la Dirección General de la Guardia Civil durante la etapa en la que estuvo al frente Luis Roldán.
- Mayo de 1994: comisión de investigación sobre la gestión del patrimonio del que fue gobernador del Banco de España, Mariano Rubio.
- 1994: comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos que
trabajó durante más de tres meses sobre el caso Filesa, que afectaba a la financiación del PSOE, y Naseiro, que correspondía a la del PP, y continuó después su estudio sobre la financiación de los partidos.
- Octubre de 1995: comisión de investigación sobre la privatización de la empresa pública Intelhorce.

VI Legislatura
- Marzo de 1999: comisión de investigación sobre una supuesta "amnistía fiscal" durante el Gobierno socialista.
- Mayo de 1999: comisión de investigación para depurar responsabilidades en el presunto cobro de subvenciones comunitarias al cultivo del lino.

¿Quién mintió a la comisión de investigación?

Las contradicciones, acusaciones y medias verdades de algunos comparecientes ante la comisión de investigación sobre Gescartera revelan que más de un testigo prestó falso testimonio. El Código Penal vigente tipifica la conducta de quien "convocado ante una Comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio", que castiga "con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses" (artículo 502.3). Por estas razones, los principales partidos de la oposición (PSOE, IU y PNV) se dirigieron el 24 de enero de 2002 a la Fiscalía Anticorrupción, a cuyo fiscal jefe, Carlos Jiménez Villarejo, entregaron un documento en el que resumen todos los testimonios falsos que, a su parecer, se dieron en la comisión de investigación y que pueden suponer un delito, así como las pruebas de que la Administración actuó de forma irregular.

El documento, en el que se solicita al fiscal que compruebe los hechos que describe y si procede presente una querella, relata en 38 páginas todas las actuaciones irregulares de la CNMV y el Ministerio de Economía, que, a su juicio, "actuaron cuando menos a orillas de la legislación vigente y dieron cobertura legal" a Gescartera. Detallan, entre otros aspectos, el hecho de que permitieran cuentas a nombre de Gescartera donde se depositaban fondos de sus clientes y que autorizaran su transformación en agencia de valores "olvidándose de las condiciones requeridas para ello cuando le interesó". Precisan también los testimonios contradictorios de 12 comparecientes, entre ellos, los ministros de Economía y de Hacienda, Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro, respectivamente, y los ex presidentes de la CNMV Juan Fernández Armesto y Pilar Valiente.

Además, piden al fiscal que estudie, por si supusiera un delito, las declaraciones del ex vicepresidente de la CNMV, Luis Ramallo; el empresario Jaime García Morey; el ecónomo del Arzobispado de Valladolid, Enrique Peralta; el director general de HSBC en España, Jaime Galobart; el ex secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna; y el ex consejero de la CNMV, José María Roldán. El documento hace especial hincapié en la declaración del ex secretario general de la CNMV y actual secretario del consejo de Telefónica, Antonio Alonso Ureba, y destaca su afirmación de que no conocía a César Alierta antes de incorporarse a la empresa de telecomunicaciones cuando había tramitado un expediente suyo relativo a información privilegiada.

El documento entregado detalla, además, todas las contradicciones que los grupos de la oposición han encontrado en las declaraciones de los participantes en la reunión del consejo de administración de la CNMV del 16 de abril de 1999, en la que se estudió si se debía intervenir Gescartera.